El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidirá mañana, miércoles 02 de octubre, sobre el alcance de un recurso que podría derivar en la anulación de decenas de sentencias de la megaoperación anticorrupción Lava Jato, entre ellas una que afecta al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
El recurso en cuestión es un habeas corpus presentado por un exgerente de la estatal Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que argumenta que el criterio procesal que establece que los delatados hablan después de los delatores no fue respetado en el juicio donde fue condenado, con lo que no tuvo derecho a una plena defensa.
El STF ya aprobó en agosto un habeas corpus similar y anuló por primera vez una condena de Lava Jato: la del expresidente de Petrobras Aldemir Bendine.
La semana pasada, seis de los once jueces del STF formaron mayoría para aprobar también el de Almeida Ferreira.
Lo que decidirán este miércoles es el alcance de este veredicto, es decir, si se aplica con carácter retroactivo y en qué casos, lo cual podría suponer el mayor golpe recibido hasta ahora por la operación Lava Jato.
Los fiscales advierten de que la decisión que adopte la alta corte podría derivar en “la anulación de 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados” en esta megaoperación que desarticuló un esquema de corrupción en torno a Petrobras, con lo cual sus casos volverían a la fase de alegaciones finales, etapa previa a la sentencia de primera instancia, y algunos (en función de las reglas que se establezcan) podrían ser liberados.
Sin embargo, el presidente del tribunal, José Antonio Días Toffoli, ya defendió públicamente crear un límite para atenuar el alcance de la decisión.
“No canjeo mi libertad”
Entre las condenas anuladas podría estar una de primera instancia que afecta al expresidente Lula, de 73 años, en el llamado caso "Sitio de Atibaia", por el que fue sentenciado a 12 años y 11 meses de cárcel.
El patriarca de la izquierda brasileña (2003-2010) está cumpliendo desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de ocho años y diez meses, tras ser declarado culpable -en otro caso, ya juzgado por tribunales superiores- de haberse beneficiado de un apartamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
La eventual decisión del STF probablemente no afectaría a ese caso y por tanto no significaría la liberación de Lula, según explicaron juristas consultados por la AFP.
El exmandatario cumplió la semana pasada una sexta parte de su condena, lo cual le da por ley derecho a pasar a un régimen semiabierto: trabajar durante el día y volver a su celda para dormir, portando una tobillera electrónica.
El viernes pasado, los fiscales de Lava Jato recomendaron que el exmandatario pasara a este tipo de régimen, pero este lunes, en una carta, el exmandatario volvió a negarse. “No cambio mi dignidad por mi libertad (...) No acepto canjear mis derechos”, insistió.
“Cabe ahora a la Corte Suprema corregir lo que está errado para que haya justicia independiente e imparcial”, advirtió Lula.
El STF tiene en su agenda el análisis de dos casos que podrían derivar en la liberación del exmandario: un recurso que cuestiona la constitucionalidad de las prisiones a partir de condenas en segunda instancia -como fue en su caso- y otro que cuestiona si el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción.
Este último surgió a partir de los supuestos mensajes revelados por The Intercept Brasil entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato, que sugieren cierta intimidad entre las dos partes.
El expresidente tiene además otras causas abiertas en la justicia, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedirle volver al poder.
AFP
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