El período de gobierno 2019-2025, que asumirá Nicolás Maduro tras triunfar en los comicios del 20 de mayo, está encaminado a consolidar la paz, el diálogo y la reconciliación de los sectores sociales, políticos y económicos de la sociedad.
Por ello, desde el 1º de junio, el Estado, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP), ha concedido beneficios procesales a 123 ciudadanos vinculados a hechos de violencia política ocurridos entre 2013 y 2018.
Este proceso, surgido de una solicitud elevada por el presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se suma a un proceso similar realizado en diciembre de 2017, cuando 69 procesados incursos en las acciones sediciosas de 2017 recibieron medidas sustitutivas de libertad.
En total, 192 ciudadanos han resultado favorecidos con la aplicación de beneficios procesales, entre los cuales figuran: libertades plenas, medidas cautelares de presentación, prohibición de salida del país y fórmulas alternativas de cumplimiento de penas.
A continuación, se presenta un recuento de los avances del proceso de pacificación y reconciliación nacional:
- El primer grupo de beneficiarios, de los cuales 39 recibieron medidas otorgadas por la justicia ordinaria, recibió las medidas sustitutivas el viernes 1º de junio. Entre los favorecidos, se encuentran Daniel Ceballos, procesado por la presunta comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento, y el G/B Ángel Vivas, detenido por incitar a la violencia durante las acciones sediciosas de 2014.
Ceballos cuenta con una medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de declaraciones a medios de comunicación y redes sociales, mientras que, en el caso de Vivas, es la justicia militar la que determina el beneficio procesal correspondiente.
- El sábado 2 de junio, la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública anunció el otorgamiento de beneficios procesales a un segundo grupo de privados de libertad, compuesto por 40 ciudadanos.
Entre ellos se figuran: Gilber Caro, acusado por los delitos de traición a la Patria y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y Renzo Prieto, detenido por los delitos de obstrucción contra la seguridad en la vía pública en grado de complicidad, asociación para delinquir y fabricación ilícita de armas en la modalidad de explosivos en grado de complicidad.
Los dirigentes Raúl Emilio Baduel y Wilmer Azuaje, así como José Vicente García, concejal por Voluntad Popular (VP) en San Cristóbal, estado Táchira, también resultaron favorecidos con medidas judiciales.
- El tercer grupo de ciudadanos favorecidos se anunció el miércoles 13 de junio. En esta ocasión, 43 juzgados por violencia política recibieron medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertades, previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.
- En las gestiones para el proceso de otorgamiento de beneficios procesales participan dirigentes políticos de oposición, quienes se desempeñan como garantes de la aplicación de medidas.
Este grupo está conformado por: Pedro Pablo Fernández, dirigente de Copei; Javier Bertucci, excandidato presidencial; y los gobernadores Ramón Guevara, del estado Mérida; Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui; Alfredo Díaz, de Nueva Esparta, y Laidy Gómez, del estado Táchira.
- El proceso cuenta con el aval de las víctimas, quienes manifestaron su respaldo a las medidas del Estado por considerar que constituyen un esfuerzo por alcanzar la estabilidad nacional. Sin embargo, solicitan la profundización de las investigaciones judiciales en aras de determinar los responsables de los actos que cercenaron la vida de sus familiares, así como garantizar mecanismos que impidan la reincidencia en hechos de violencia y acelerar el proceso de reparación y atención integral de las víctimas.
Fotos: Juan Carlos La Cruz, AVN
