Las protestas que se han registrado entre enero a abril de 2018 en los estados Táchira, Mérida y Trujillo obedecen a la exigencia de los ciudadanos por mejores servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y recolección de desechos sólidos.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 185 manifestaciones ciudadanas espontáneas en las que los habitantes de los tres estados andinos de Venezuela reclaman mejores servicios públicos porque son afectados directa y severamente múltiples derechos humanos tales como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la libertad de expresión, el acceso a la información, entre otros, sin los cuales no es posible que las personas disfruten de una vida conforme con la dignidad humana.
De las 185 protestas públicas contabilizadas entre los meses de enero a abril de 2018 por el ODH-ULA en la región andina, 69% de ellas fueron por fallas en los servicios públicos.
En virtud de que los pésimos servicios públicos impide el cabal disfrute de los derechos humanos, como el acceso a la información, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda e inclusive a la vida y que el Estado venezolano incumple la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, el ODH-ULA solicitó al gobierno venezolano garantizar el acceso a los bienes y servicios y tomar las medidas necesarias para que la población pueda acceder a los mismos.
Asimismo, recomendó hacer el mantenimiento y las necesarias inversiones en toda la infraestructura comprometida con los servicios públicos para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el disfrute de los derechos humanos.
Más cortes que luz y menos agua
76% de las protestas ocurridas en los estados Táchira, Mérida y Trujillo, fueron por fallas del servicio eléctrico. Los cortes o apagones son constantes, hasta de más de tres o cuatro veces al día y en muchas zonas la ausencia de la electricidad sobrepasa las diez horas continuas.
A esta situación se le suma las caídas o bajas intermitentes del servicio cuando este finalmente llega a los hogares y los daños a artefactos electrodomésticos que no son resarcidos al consumidor cuando ni siquiera existe un organismo encargado de recibir las denuncias por los daños causados.
Es importante destacar que la energía eléctrica constituye el fundamento de derechos básicos como alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación. En este sentido se pronuncia la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General en el año 2015, cuyo objetivo número 7 es el de “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”.
Por fallas en el suministro de agua potable fueron contabilizadas al menos siete protestas. 57% de ellas en el estado Mérida, 14% en el estado Táchira y 29% en Trujillo.
Con el agua potable ocurre lo mismo que con la electricidad. El gobierno no informa debidamente a la ciudadanía de un cronograma de suspensión del servicio, ni el tiempo de duración del mismo, razón por la cual el usuario no sabe a qué atenerse, ni de qué manera tomar previsiones al respecto, además de que los recipientes para el almacenamiento de agua en las viviendas, debido a la hiperinflación, están fuera del alcance adquisitivo de la inmensa mayoría de la población empobrecida.
Todo eso incide muy negativamente en la preparación de alimentos, la limpieza e higiene de la vivienda y el aseo personal.
La irregularidad en el suministro de los servicios públicos es producto de la falta de mantenimiento e inversión en las represas, instalaciones, almacenamientos, válvulas de bombeo, tuberías, entre otros equipos, las cuales además en el caso de la ciudad de Mérida están relacionadas con las fallas del servicio eléctrico que afectan los sistemas de bombeo.
Sin gas y rodeados de basura
Otro servicio público motivo de protestas ciudadanas es el gas doméstico, por el cual 11% de las manifestaciones registradas por el ODH-ULA fueron por ese servicio.
De las 20 protestas contabilizadas las mismas se produjeron con más frecuencia en Mérida (20%), mientras que en los estados Táchira y Trujillo este servicio registró el 5% del total de las manifestaciones.
Sólo en la ciudad de Mérida se contabilizaron protestas por acumulación de desechos sólidos, los cuales abundan en calles y avenidas de la urbe estudiantil, generando contaminación y alarma por la proliferación de moscas, zamuros, malos olores y otros animales que pueden afectar la salud de los habitantes.
Ante la preocupante situación en la que viven los ciudadanos de los estados andinos y la crisis humanitaria por la cual atraviesa Venezuela, el ODH-ULA exige al Estado resolver en lo inmediato la grave situación económica y social y que permita urgentemente la apertura de un canal humanitario, tal como lo contempla el Derecho Internacional de asistencia humanitaria, mediante el cual la población pueda ser asistida por los países, instituciones y otras organizaciones sobre derechos humanos que han ofrecido su ayuda.
Recordó el ODH-ULA que la Constitución Nacional en su artículo 117, el cual viola abiertamente el gobierno de turno, establece el deber del Estado de garantizar la existencia de bienes y servicios públicos de calidad, información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.
(Prensa ODH-ULA)
(Prensa ODH-ULA)
