"Con esta nueva gestión de la Fiscalía General de la República ante la ANC, se espera poder impulsar las denuncias y querellas para lograr la justicia y la paz".
En pro de garantizar la paz y la justicia, alrededor de treinta abogados revolucionarios del movimiento Propaz, realizaron jornada de atención gratuita a los afectados por la violencia y el terror durante más de 120 días de protesta por la oposición venezolana, ocasionando el fallecimiento de dos ciudadanos, habitantes del estado Vargas y del municipio Santos Marquina del Estado Bolivariano de Mérida, ubicado al occidente del país.
El abogado Edgar Martínez, en representación del Dro. Luis Pino, Comisionado del Gobernador Alexis Ramírez, explicó que el objetivo es que no haya impunidad, dicha jornada se realiza para atender las inoperancias y omisiones por parte del ministerio público, durante el período de la ex Fiscal Superior Inés Patricia Salazar.
Asimismo, el licenciado Miguel Marrufo, concejal del municipio Tovar y coordinador de Organización del PSUV, manifestó la quema de 11 centros electorales y máquinas de votación en éste municipio, donde fueron violentados los tovareños al negársele el libre tránsito, acceso a sus residencias, hospitales y escuelas.
Victimas agradecidos
Al respecto, Yamile Mora, Juez del municipio Tovar, quien fue víctima de los actos terroristas el 18 de mayo con detonaciones en su residencia y el 30 de julio, arremetieron con su hogar con artefactos, “Lo que queremos es que haya justicia, que la fiscalía cumpla con el deber de hacer las imputaciones necesarias, para que aquellas personas que nos asediaron física y psicológicamente asuman las consecuencias de sus actos”, declaró Mora.
En sentido, Mora hizo hincapié en que durante los tres meses de protestas, la fiscalía del ministerio público, que es la llamada al ejercicio de la acción penal, “nunca hubo respuestas a todas las denuncias realizadas”, a diferencia del actual encargado el Dro. Rafael Bastos, junto al alcalde esta entidad municipal Ivan Puliti, quienes han estado brindado el apoyo jurídico a todas las víctimas.
Por su parte, Javier Rosales, habitante del municipio Zea, empleado del CNE, como técnico de soporte, manifestó haber sido asediado el 28 de julio días antes de los comicios de la ANC, en la Escuela “Juan Félix Román Duque” al momento de ejecutar la recepción de las máquinas de votación, “en ese momento se instaló una guarimba por los grupos terroristas de la oposición y los que allí estábamos, nos escondimos en la cocina para resguardar nuestras vidas”, acotó.
Albani Peña habitante del municipio Tovar, madre soltera, recibió un disparo en la cabeza el 28 de julio de este año, por no permitir la entrada a la escuela básica donde se encontraba, de grupos violentos, quienes se disponían a incendiar la casa de estudio, “quiero que haya justicia, Dios es grande, el 28 de julio día del cumpleaños del Comandante Chávez, yo volví a nacer y fue por mis tres hijos y por esta revolución”, expuso Peña.
Afectados por la violencia agradecen al gobierno Bolivariano y al movimiento Propaz por esta iniciativa y esperan que todas personas involucradas en estos hechos violentos, "sean castigados con todo el peso de la ley", en manos de la nueva gestión de la Fiscalía General de la República ante la ANC, para impulsar las denuncias y querellas y se logre la justicia.
Comisionado: Dr. Luis Pino
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Periodista: Sandy Bello.
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