El empleo de niños y adolescentes en acciones de corte sedicioso, el fomento de crímenes de odio, el registro de daños graves al ecosistema y el asesinato de personas en barricadas en los últimos cuatro meses serán investigados por el Ministerio Público (MP), informó este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
En rueda de prensa ofrecida junto a la vicefiscal, Kátherine Hárrington, Saab indicó que detectaron irregularidades en el abordaje de las denuncias sobre la espiral de violencia activada en abril pasado por sectores de derecha, con el saldo de más de 100 fallecidos y un millar de heridos.
Ante ese escenario, el MP, dirigido hasta el sábado pasado por Luisa Ortega Díaz, no ejecutó "ni una sola acción penal" en cuanto al empleo de niñas, niños y adolescentes en acciones vandálicas, "a pesar de su notoria la utilización", que movió a instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a manifestar su preocupación por este hecho a través de un comunicado.
"Hemos decidido revisar causas abiertas por crímenes de odio, realizados por hordas en agavillamiento, en actuación al margen de la ley y con predeterminación de hacer daño", añadió Saab, y agregó que uno de los casos a abordar es el ataque contra Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE).
También emprenderán acciones por crímenes ambientales, como tala de árboles para obstruir vías públicas, y el asesinato de personas en puntos de obstrucción de las calles, que implican también la presencia de grupos violentos para amedrentar a los transeúntes.
"Hemos hecho esfuerzos para ir poco a poco tomando el control de esta institución, que hemos llamado a trasformar de manera positiva y colocarla al servicio del pueblo", agregó el fiscal general.
Extorsión
Funcionarios del MP propiciaron "una red mafiosa de chantaje y extorsión, de tráfico perverso, donde se usaba el miedo que pudiese tener un ciudadano, en algunos casos inocente", alertó el fiscal.
Encontró indicios, incluso, de cobros de sobornos en dólares para concretar o no la imputación o el sobreseimiento de una causa. "Bajo un esquema como este es imposible administrar justicia. Quienes estaban haciendo esto que pongan su cargo a la orden", instó.
"Para que funcionarios cometieran actos de corrupción, tuvieron que haber tenido un mal ejemplo de las máximas autoridades y el apoyo de algunos cuerpos policiales. Administrar justicia no implica pasar por la alcabala del cobro de dólares", sentenció.
En ese sentido, anunció la creación de una oficina de recepción de denuncias -"aquí no vamos a tener complicidad con quienes hayan cometido esa aberración- y ratificó la conformación de una comisión para reestructurar el organismo.
"Hemos encontrado el burocratismo y la apatía como signos que descalifican a esta institución. Nuestro principal objetivo es transformar eso", aseveró.
Entre las tareas fundamentales de reestructuración, la nueva directiva del MP se plantea acelerar las acciones destinadas a revertir el retardo procesal.
"Nos hemos puesto como objetivo saldar esta deuda histórica que tiene décadas en la justicia venezolana. No puede ser que un privado de libertad que puede tener años detenido, al momento de ir a una audiencia, esta se cae porque el fiscal no asistió o el propio tribunal tuvo una falla. Y mientras tanto, ese privado de libertad continúa años y años depositado en lugares de reclusión", señaló.
Asimismo, revisarán la pertinencia de los más de 12.000 cargos del MP, y de ser necesario serán fusionadas las dependencias para garantizar la atención y celeridad en los casos. También serán revisados los casos de funcionarios en período de jubilación.
Comisión por la Justicia
La Fiscalía formará parte de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas designada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para adelantar investigaciones en torno a crímenes de odio y violencia política registrados en Venezuela.
"Junto a la Comisión de la Verdad, de la cual esta institución forma parte, investigaremos todos los casos relacionados con violencia política, ocurridos durante los últimos años. Vamos a hacer un aporte en todos los casos, incluyendo aquellos que involucren a funcionarios del Estado, para contribuir con la justicia y la reparación de las víctimas", indicó William Saab.
Esta comisión de la ANC tendrá amplias facultades plenipotenciarias, y estará encargada de revisar y determinar la responsabilidad, moral y penal, de los victimarios sin parcialidad política, para garantizar justicia y reparación de las víctimas, con el fin de evitar que se promuevan hechos violentos de carácter político.
"Bajo nuestra gestión vamos a hacer todo el esfuerzo para restablecer la paz vulnerada en este país, ya que las actuaciones de la gestión anterior solo contribuyeron a exacerbar los niveles de violencia", apuntó.
Justicia civil
La Fiscalía adelanta un proceso de revisión de 72 casos de civiles procesados por la jurisdicción militar, para solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia la declinatoria de ese fuero a fin de llevar los casos a la jurisdicción penal ordinaria.
"Es necesario obtener una repuesta rápida. En cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar, podrá solicitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia que dirima si realmente concierne a esta jurisdicción la imputación de estos ciudadanos", detalló William Saab.
AVN
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