El Movimiento Nacional de Abogados Patriotas acudió este martes a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caracas, para interponer un recurso de nulidad contra la designación del vicefiscal general de la República, Rafael González Arias, por considerar que no cumplen con los pasos previstos en las leyes.
"La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, designó el 17 de abril de este año a un Vice Fiscal, de forma irregular, sin cumplir lo que está establecido en las leyes, sin pasar con la Asamblea Nacional (AN), sin consultar con el Tribunal Supremo de Justicia tomando en cuenta que la AN está en situación de desacato", informó Andrés Giussepe, abogado miembro del movimiento desde el TSJ.
De acuerdo con los abogados, la designación del Vice Fiscal se realizó de manera ilegal porque el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece el nombramiento "previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional" a través de un concurso abierto.
Tomando en cuenta la situación de desacato en la que se encuentra la AN actual, la fiscal Ortega Ortega debió consultar al TSJ cómo proceder a la designación del funcionario.
"De forma arbitraria colocó a uno de sus mejores amigos, prácticamente aplicó el nepotismo, que es una forma de corrupción reprochable", lamentó Giussepe, quien consideró que dicho nombramiento "pone en tela de juicio la acción que está llevando acabo el Ministerio Público".
Por su parte, Durga Ochoa, otra de las integrantes del Movimiento de Abogados Patriotas, indicó que es vital garantizar el cumplimiento de los parámetros legales previstos en la norma constitucional para estos procesos administrativos.
Al respecto, rechazó la actuación de Ortega Díaz frente a los efectos de la sedición armada vivida desde abril, que ha dejado al menos 77 fallecidos y más de 1400 heridos. "Es la titular de la acción penal y con todo y esto se ha convertido en una verdadera líder de actos terroristas" y "del quebrantamiento jurídico en el país", sentenció.
AVN
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