Dirigentes revolucionarios de los municipios Libertador, Campo Elías, Santos Marquina y Sucre rechazaron los hechos violentos orquestados por simpatizantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los últimos días y exhortaron a los alcaldes opositores a cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); de lo contrario, exigirán al Poder Judicial que sean inhabilitados políticamente.
En ese sentido, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida, José Rafael Luna, recordó que hace días ciudadanos merideños demandaron ante la Sala Constitucional del TSJ a tres alcaldes opositores, solicitando la protección de intereses colectivos y difusos con amparo cautelar: “Los alcaldes de los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani no cumplen sus funciones como lo contempla la Constitución, por eso el pueblo los demandó”.
Aseguró además, que existe evidencia suficiente que involucra a los alcaldes en la colocación de escombros, el daño a la propiedad pública y privada, y de no hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la paz de la ciudadanía. Asimismo, indicó que han participado en la logística de los encapuchados terroristas que afectan el desempeño de las actividades diarias de los merideños, a quienes se les prohíbe el derecho al libre tránsito, la salud, la educación y el derecho al trabajo, explicó Luna.
Municipio Campo Elías también padece por acciones terroristas de la MUD
A propósito de los hechos violentos en el municipio Campo Elías, el presidente de Tromerca, Simón Figueroa, aseguró que representantes de la Policía Municipal y funcionarios de Protección Civil de la jurisdicción no han garantizado el artículo 178 de la Carta Magna, que reza el disfrute de los servicios públicos por parte de los ciudadanos, puesto que el alcalde Omar Lares asumió la tarea de entorpecer la vía pública, el alumbrado y acabar con los estaciones del Trolebús, como lo es el caso de la estación Centenario.
“El alcalde de Ejido debe resarcir los daños ocasionados a la población, debe cumplir con la Constitución y su artículo 178; de no ser así, será el mismo TSJ el que asuma la responsabilidad de tomar las medidas pertinentes para neutralizar estos actos terroristas y permitir que la comunidad pueda gozar de la paz y los servicios públicos acordes a la comunidad de Campo Elías”, finalizó Figueroa.
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Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela
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