El estado Mérida es una de las entidades que enfrenta acciones de violencia política focalizada y agresiones selectivas, con características muy similares a las ocurridas en otras ciudades del país, que evidencian la presencia de células armadas financiadas y entrenadas para cumplir tareas del plan de sedición armada contra el Estado venezolano, activada desde abril pasado.
En el caso de la entidad andina, las actuaciones de escuadras de choque en focos de violencia perturban el derecho al libre tránsito y la paz de la ciudadanía, causan destrozos en infraestructuras de organismos e instituciones del Estado, y han incurrido en asesinatos selectivos que buscan causar un escenario de confrontación y ruptura del orden constitucional, que propicie un golpe de Estado al mandato legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro.
En territorio merideño, afectado por grupos vandálicos en 2014, se han registrado tres civiles asesinados por armas de fuego producto de la espiral de violencia este año: Jesús Sulbarán y Luis Alberto Márquez, baleados en un ataque a un grupo de simpatizantes del chavismo que se encontraba en los alrededores de la gobernación el pasado 24 de abril, y Anderson Dugarte, quien recibió un disparo cuando pasaba cerca de una manifestación opositora el pasado 10 de mayo.
A ese cuadro se suman ataques selectivos contra personas. El sábado 20 de mayo, mientras se efectuaban las movilizaciones convocadas por la oposición nacional en diversos puntos de la capital merideña -todas, igual que en el resto del país, en zonas donde predomina población de clase media y alta- fue secuestrado José Gregorio Marquina, funcionario de la Policía de Mérida, cuando se encontraba fuera de su jornada de servicio, y fue trasladado por un grupo de violentos hasta el sector El Carrizal, donde se desarrollaba una manifestación opositora y fue golpeado, despojado de su arma de reglamento y su motocicleta, que posteriormente fue quemada.
Marquina fue rescatado por algunos bomberos voluntarios que se encontraban en el lugar, quienes lo trasladaron al Hospital Universitario de Los Andes, donde al oficial le fue diagnosticado traumatismo cráneo encefálico complicado, informó el pasado viernes el gobernador de la entidad, Alexis Ramírez.
Agregó que cinco funcionarios policiales y uno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron heridos de bala durante ataques selectivos de las escuadras violentas. Dichos ataques, indicó el gobernador, se inscriben en una nueva fase de la sedición armada que afronta el país, basada en ataques letales contra funcionarios de las fuerzas de seguridad y las instituciones, que hasta la fecha suma 76 funcionarios heridos en ese estado.
Como parte de estos ataques, que muestran tácticas bélicas en sus operaciones, fue atacado e incendiado el comando de la GNB en la población de Tovar, y fue agredida la sede de la alcaldía.
Asimismo han sido atacadas de forma sistemática sedes de instituciones del Estado, como el Banco de Venezuela, mientras que gran parte de las paradas del sistema de transporte masivo Trolebús a lo largo de la avenida Las Américas y hasta la vecina ciudad de Ejido han sido destruidas y quemadas por los grupos violentos, lo que forzó a la institución a suspender el servicio que facilita la movilización a gran parte del pueblo trabajador de la ciudad.
Las arremetidas contra el transporte público por parte de las escuadras violentas se extienden hasta los choferes y unidades particulares de transporte, pues varias de estas unidades han sido secuestradas y quemadas, y en uno de los casos, un conductor fue brutalmente golpeado y herido por arma de fuego, indicó el Gobernador.
Wilmer Errades, AVN
