“Si en los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani se continuara generando violencia, estos alcaldes podrían ser destituidos de sus cargos y privados de libertad, como ya sucedió anteriormente en Táchira y Carabobo”.
La medida cautelar interpuesta por la ciudadanía ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de ocho alcaldes opositores, entre ellos tres del estado Mérida y cinco del área Metropolitana de Caracas, garantiza la paz y tranquilidad de los habitantes de estos municipios, preservando el derecho constitucional al libre tránsito y resguardando los bienes públicos y privados.
Así lo aseguró el abogado Oleg Oropeza, quien explicó que en el caso específico del estado Mérida, si en los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani se continuara generando violencia, estos alcaldes podrían ser destituidos de sus cargos y privados de libertad, como sucedió durante las guarimbas del año 2014 con dos alcaldes de Táchira y Carabobo que en ese momento atentaron contra la paz ciudadana.
“Estos precedentes ya existen, pero al parecer no aprendieron la lección a pesar de que ellos saben muy bien que el desacato al amparo implica la pena corporal y que las medidas serían de cumplimiento inmediato; es decir, que de continuar las barricadas, la violencia y destrucción de mobiliario público y privado en estos municipios, los alcaldes opositores podrían ir presos”, dijo.
Oropeza manifestó que con las guarimbas se viola el derecho a la salud y al libre tránsito, así como los derechos constitucionales de los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y por eso no se puede permitir que este tipo de acciones violentas continúen desarrollándose en los tres municipios merideños.
Alcaldes recibirán sentencia la próxima semana
Oropeza informó a los merideños que las acciones judiciales todavía no han culminado, y que el paso siguiente se dará la próxima semana, cuando los ocho alcaldes de los municipios afectados tendrán que acudir a una audiencia pública en la Sala Constitucional del TSJ en la ciudad de Caracas.
“Esto no culmina solamente con la medida cautelar, ya que la misma se aplica para la restitución inmediata de los derechos del Estado. La sentencia de fondo será dictada por la Sala Constitucional en pleno la próxima semana, luego de la audiencia pública que se dará con los ocho alcaldes involucrados en los hechos de violencia que han sucedido en sus respectivos municipios”, aclaró Oropeza.
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Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela
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