La Superintendencia Nacional de Precios Justos prepara un abordaje
educativo para detallistas de alimentos en las bodegas de parroquias y
comunidades merideñas, tarea que busca divulgar los alcances de la Ley Orgánica
de Precios Justos en Mérida.
Nelson Stalin Nava, coordinador estadal de la superintendencia,
recordó este viernes que el nuevo instrumento legal contempla un margen máximo
de ganancia de 30% y tipifica 15 delitos comerciales para los cuales están
previstas sanciones administrativas y penales.
"Esta Ley contempla sanciones de hasta 14 años de prisión
para las personas que se dedican al contrabando de extracción y multas hasta
por 50.000 bolívares para quienes incurren en especulación, usura, boicot o
acaparamiento", precisó.
Resaltó que la práctica de condicionar la venta de bienes y servicios
será sancionada con prisión de dos y hasta tres años, y multas de entre 500 y
10.000 unidades tributarias.
"Vemos que a algunos comerciantes sólo les interesa el
incremento de su capital, pero tienen que entender que el rubro de la
alimentación es un derecho del pueblo venezolano y que no puede estar por
encima del bienestar de la comunidad, la acumulación de capital",
puntualizó.
Es por ello que la superintendencia prevé la realización de
talleres para comerciantes y detallistas, los cuales serán planificados con el
poder popular organizado y se iniciarán el próximo lunes con un primer abordaje
en el municipio Campo Elías, de la entidad.
"Esta Ley Orgánica de Precios Justos es uno de los logros
alcanzados como parte de la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional
al presidente obrero, Nicolás Maduro, y estamos desarrollando un plan de
divulgación de este instrumento, dirigido a los consejos comunales, al sector
comercial e instituciones del estado Mérida", destacó Nava.
La nueva Ley, agregó, contempla la creación de un registro único
para las personas dedicadas a actividades comerciales, tarea sobre la cual
informará la superintendencia una vez que se establezcan las pautas para la
conformación del mismo.
Indicó que a escala nacional se adelanta el trabajo de recolección
y elaboración de propuestas para la creación del reglamento de la Ley Orgánica
de Precios Justos (LOPJ).
Nava explicó que la superintendencia fue creada a partir de la
fusión del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y
Servicios (Indepabis) y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios
(Sundecop).
Esta unión "viene a robustecer la lucha contra la guerra
económica con una institución fortalecida y sólida que aglutinará las funciones
y experiencia de Indepabis y Sundecop. Tendremos inspecciones más efectivas, de
mayor alcance y de carácter expedito", resaltó.
Mantener el trabajo direccionado a la municipalización de la
superintendencia es parte de la estrategia a impulsar, con la meta de
fortalecer la capacidad de contraloría social ejercida por las comunidades
sobre el sector comercial, tarea para la que se cuenta con 200 comités de
fiscalización conformados en Mérida.
Las adecuaciones y la redistribución de recursos humanos en la
transición de Indepabis a la superintendencia prevén la incorporación de
personal de fiscalización adicional para el estado Mérida.
AVN
