El Operativo de Fiscalización desplegado por el Instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) en
coordinación con otros entes gubernamentales contabiliza en Mérida más de 60
comercios fiscalizados y 20 con sanciones aplicadas, informó la tarde de este
martes el coordinador estadal del ente, Nelson Stalin Nava.
"Desde que comenzamos con la aplicación de estas medidas
hemos fiscalizado más de 60 establecimientos comerciales en los diferentes
municipios del estado y hemos implementado la verificación de precios en
artÃculos de vestir, zapaterÃas, jugueterÃa y repuestos para vehÃculos",
detalló.
En el ramo de electrodomésticos, dijo que aún no han detectado
sobreprecio en comercios por lo que ha habido reducción inmediata en los
precios de los productos.
"Una vez se verifiquen los precios de venta de los
importadores, los detallistas deberán aplicar el correspondiente ajuste a los
precios", aseguró.
Los 20 comercios sancionados por irregularidades en los precios de
venta o márgenes de ganancia exagerados deberán pagar hasta 500 unidades tributarias.
Nava resaltó que estos ajustes en los precios no pueden ni deben
repercutir en los trabajadores de los comercios, toda vez que los mismos se
aplican a los márgenes de ganancia y no a la estructura de costos de los
comercios.
Aseguró que en los establecimientos donde se detecten elevados
márgenes de ganancia, se aplicarán mecanismos para resarcir a las personas que
demuestren con facturas recientes la adquisición de mercancÃas con sobreprecio.
También llamó a la ciudadanÃa a conservar la calma y a no incurrir
en compras nerviosas, ya que el operativo de fiscalización dispuesto por el
Gobierno se prolongará hasta estabilizar los precios en todos los bienes y
servicios.
Fiscales del Indepabis, inspectores de la Presidencia de la
República y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios
(Sundecop), del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat), de la Gobernación de Mérida, AlcaldÃas y cuerpos de
seguridad del Estado participan en el plan de fiscalización activado por el
Gobierno nacional como parte de las acciones contra la especulación, la usura y
el acaparamiento.
AVN