Por:
Ramón Lobo
En plenaria de la Asamblea Nacional
se decidió por mayoría absoluta levantarle la inmunidad parlamentaria al
Diputado Richard Mardo en base a petición efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia, a partir
de denuncia realiza el pasado mes de febrero por el Presidente de la Asamblea
Nacional Diosdado Cabello, quien demostró con cheque en mano que él mismo
recibió suma importantes de recursos, los cuales fueron depositados en distintas
cuentas bancarias. En tal sentido, la máxima instancia jurídica encontró
elementos probatorios y declaró procedente el antejuicio de mérito por estar
presuntamente involucrado en los delitos de defraudación tributaria y
legitimación de capitales.
La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que gozan los
senadores y diputados de una nación mediante la cual no pueden ser detenidos o
presos por sus opiniones, ni procesados o juzgados sin la autorización del
cuerpo al que pertenecen. Su fundamento es funcional y no personal, protege la función que
desempeña el sujeto y no al sujeto mismo. En este sentido, el artículo 200 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es sumamente
claro al resguardar este precepto universal, pero también deja el espacio, como
sucede en cualquier constitución del mundo, para procesar cualquier
irregularidad que puedan cometer los diputados y diputadas. El levantamiento de
la inmunidad parlamentaria es una potestad de la Asamblea Nacional y se toma
con la mayoría absoluta de sus miembros de acuerdo al artículo 89 del reglamento de interior y debates.
De manera inmediata la oposición
activa su discurso manipulado e intenta confundir a través de los medios de
comunicación de la burguesía; en primer término, victimizando al mencionado diputado,
señalando que dicha acción es una persecución política. No es de extrañar esta
aptitud, menos aún del partido de la burguesía amarilla, nacido de un acto de
corrupción. Previo a las elecciones del 07 de octubre pudimos apreciar como el
diputado Caldera miembro de Primero Justicia recibía recursos, el Padre del
excandidato perdedor también solicitaba y obtenía. Asimismo se ha denunciado el
vinculado de diputados de la
contrarevoluciòn con empresas que contratan con Gobernaciones y Alcaldías en
manos de la oposición.
En segundo lugar, mediante la
vocería del capo mayor y perdedor empedernido Capriles, convocaron como era de
esperarse a una marcha, por cierto bien escuálida les resulto ante lo inmoral
del motivo, con la finalidad de defender la corrupción que impulsa su
organización política. Recordemos que para la oposición todo aquel que viole la
Constitución y las Leyes es declarado “Héroe Nacional”.
Para bien de la población venezolana, vemos como un Pueblo Mayoritario,
Combativo y Honesto acompaño al
Presidente Nicolás Maduro en el recorrido por las principales calles de Caracas
en rechazó a la Corrupción. En su alocución Maduro indico la normativa legal
que presuntamente esta violentando el diputado Mardo, la CRBV en su articulo
191, el numeral 7 del código de ética
del funcionario público, en la ley
contra la corrupción el artículo 46; asimismo, el articulo 35 de la ley contra
la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, el articulo 116 del
código orgánico tributario, el articulo 78 de la ley de la contraloría
general de la república y articulo 24, numeral 4, de la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones.
Mas allá del marco legal, el Pueblo
consiente, entiende y lo demuestra movilizándose que la lucha contra la
corrupción es un asunto ético y moral, que nos debe llevar a derrotar estos
antivalores del capitalismo y a mantener vigente el legado del Comandante Chávez
quien en su momento sobre este aspecto manifestaba: “En
materia de corrupción no hay concesión con nadie. No hay pero ni un milímetro
atrás. Vamos a luchar sin clemencia, sin descanso, cueste lo que cueste, contra
ese vicio que se regó por todas partes como un cáncer por todo el cuerpo de la
nación”
¡Todos y Todas en contra de la Corrupción y de sus defensores!
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