*** El Gobierno merideño elabora un decreto
para regular la acción y evitar que se comentan delitos previstos en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada.
El Gobierno Bolivariano del estado Mérida
trabaja en la elaboración de un decreto destinado a normar la venta de material
ferroso y no ferroso; metálico, de recolección y de reciclaje, cuya
comercialización la hacen los “chatarreros”.
El procurador general del estado, Juan Luis
Suárez, en el programa “Cafecito Informativo”, transmitido por Mundial Los
Andes 1040 A.M. y 106.3 F.M. este martes,
informó que la medida se aplicará tomando en cuenta que esa labor se
está prestando para la comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica contra
la Delincuencia Organizada, por eso “se le meterá la lupa”.
“El gobernador Alexis Ramírez dispuso, con la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fiscalía del Ministerio Público y con
todas las empresas involucradas que prestan servicios en el estado, unas mesas
de trabajo que concluyen esta semana, para la elaboración de un proyecto de
decreto que esperemos próximamente esté publicado. El mandatario regional, sin
interferir en las competencias propias del Ministerio Público, normará la
comercialización de este tipo de materiales estratégicos, ya que han venido
proliferando los sitios de recepción, de compra, de comercialización, por lo
cual han aumentado también los comerciantes llamados ‘chatarreros’”.
Suárez
aclaró que la intención del mandatario
regional no es acabar con los “chatarreros” sino regular la actividad,
destacando que en El Vigía, municipio Alberto Adriani, hay una empresa, la
única autorizada, por ahora, por el Ministerio de Industrias, para la recepción
y comercialización de ese tipo de material, a partir del decreto que emanará el
gobierno merideño.
“El Estado les provee todas las condiciones
para que puedan comercializar el material que lícitamente han obtenido los chatarreros.
Si se presentara que la obtención del mismo fue ilícitamente, se les aplicaría
la ley”, dijo.
Sin
autorización nada
A partir de ese decreto serán suspendidas, de
momento, las actividades de las otras empresas que reciben y comercializan el
material, hasta tanto cumplan con los recaudos exigidos, entre estos, las
autorizaciones del Ministerio del Ambiente, de la alcaldía donde estén
adscritos, de la Gobernación a través de
la Dirección de Tesorería y del Ministerio de Industrias.
Explicó
el vocero oficial, que se trata de materiales estratégicos que utilizan
las empresas del Estado: Corpoelec, Pdvsa, Movilnet; así como firmas privadas
de gran envergadura, como las cableras, que han sido objeto de hurto y robo de
sus cables y filamentos, de los cuales
comercializan el metal que contienen, como bronce, cobre, estaño, aluminio y otros, que, aparte de
causarle un daño al colectivo venezolano, y en este caso al merideño, son
extraídos del país ilícitamente hacia Colombia, desde donde los reingresan a Venezuela como productos procesados.
Sobre estas acciones, varias entidades
federales del país, entre ellas Vargas y Táchira, ya han tomado acciones
administrativas para normar la actividad y evitar el delito; y ahora, Mérida.
(OCI/María
C. Sulbarán. Foto: Archivo OCI)
