Derechos Humanos y atención al ciudadano 

fueron tema de análisis en el MCTI Mérida

Una serie de orientaciones sobre los Derechos Humanos y las acciones que como servidores públicos se deben ejercer para garantizar su cumplimiento, especialmente al momento de brindar atención al ciudadano, fueron tema de conversatorio en la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado Mérida – Fundacite.

La materia fue expuesta por representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, a través de la Coordinación Estadal de la Dirección General de Derechos Humanos, en la persona de su titular Diego Graco y el abogado Roberto Boscán.

Lo universal e irrenunciable de los Derechos Humanos fueron destacados desde el principio de la jornada, en la cual se  recalcó la garantía de su cumplimiento establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Igualdad, respecto, atención y sensibilidad fueron expuestos como parámetros fundamentales  y principios socialistas en la atención al ciudadano, pues es el Estado quien garantiza los Derechos Humanos y al mismo tiempo, por acción o por omisión, sus servidores públicos pueden vulnerarlos en perjuicio de los ciudadanos.

Por esta razón, los representantes de la Dirección General de Derechos Humanos recalcaron que es fundamental el conocer y cumplir las leyes que rigen la atención al ciudadano como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Contraloría Social de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Sobre Simplificación de Trámites Administrativos, entre otras.

Todo esto, junto a las normas y valores que nacen a partir de la educación obtenida en el hogar y sumada a los estudios académicos, son básicos para la atención al ciudadano que debe estar regida por principios como la escucha activa, conocer el tipo de usuario, la empatía y la comunicación.

Graco y Boscán también ofrecieron una comparación político jurídica entre las Cartas Magnas  de 1961 y 1999, destacando el protagonismo que otorga la Constitución Nacional vigente a la participación ciudadana, mediante la cual es posible la contraloría social. Por otra parte, expusieron herramientas  para la buena atención al ciudadano, por parte de los servidores públicos.

(MCTI Mérida/ MT)