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CU ratifica que no sesionará bajo amenazas
 de violencia ni debatirá con encapuchados


El Consejo Universitario de este lunes 5 de noviembre discutió los recientes hechos de violencia que azotaron las instalaciones del Edificio Administrativo de la Universidad de Los Andes y afectaron al derecho al trabajo de los empleados de esta dependencia, pero sobre todo incidió sobre la seguridad de la vida de estas personas.
 
El génesis de los recientes hechos, tuvo su germen la madrugada del sábado 27 de octubre con el asalto a la Dirección de Transporte. Hecho sobre el cual se hizo denuncia  y se decretó zona de libre tránsito para los organismos de seguridad, pero pese a ello, lamentablemente no se vio acción de los cuerpos policiales. La escalada continuó la mañana del lunes 29 de octubre con la toma del Edificio Central del Rectorado y una arremetida con morteros que generó un ambiente en el que fue imposible dar curso al Consejo Universitario de ese día y donde hubo daños a ventanas con dichos explosivos.
 
La tarde de ese lunes la violencia se extendió a la Dirección de Vigilancia, el martes persistió la situación y el miércoles  31 de octubre, recrudeció de la mano de encapuchados armados. Hubo heridos y otros vieron peligrar sus vidas, como lo fue el caso de una empleada que sufrió daños severos en su tímpano ante la arremetida de los explosivos y otra empleada embarazada a la que le arrojaron morteros a sus pies justo en el momento que salía del ascensor. Ambas damas recibieron atención médica urgente con la buena nueva de sus recuperaciones.
 
Ante este panorama, siete direcciones que hace vida laboral en el Edificio Administrativo, procedieron con la urgencia del caso a reunirse y emanar una carta en la que exponen, con detalles, lo ocurrido, piden seguridad y hacen propuestas. Esta carta llegó a manos del CU para su discusión.
Ante el contenido de la misiva, las intervenciones de los consejeros apuntaron a resaltar la gravedad de los hechos y a hilvanar estrategias certeras, para instar a organismos de seguridad del estado a ofrecer y mantener el resguardo de las diferentes instalaciones universitarias, así como de la vida de los trabajadores. Fueron 4 horas de discusión con 22 derechos de palabras y de las cuales emergieron decisiones sobre las diferentes propuestas.
 
Se aprobó hacerse parte del rechazo a la violencia y de avalar el contenido de dicha carta. Se ratificó el decreto 0375 (enero 2009) que expone la imposibilidad de sesionar bajo actos de la violencia y conmina a no dialogar con irregulares que porten capucha.
 
Se aprobó dar a conocer los videos  debidamente registrados, que muestran los recientes hechos de violencia acontecidos en las dependencias descritas.
Los votos favorables también recayeron sobre la necesidad de que el Vicerrector Administrativo y el personal administrativo, obrero y técnico realicen un encuentro para manifestar sus preocupaciones y propuestas sobre las condiciones de trabajo ideales.

Finalmente se solicitará al Ministerio de Interior y Justicia, así como a la Fiscalía pronta respuesta a las denuncias interpuestas en relación con estos casos de violencia. Igualmente se le solicitará al Ministerio del Trabajo celeridad ante el centenar de casos en los que prevalece la calificación de despidos.
 
Claridad
 
El rector Mario Bonucci insistió en que el caso de  la condición laboral de los eventuales sigue siendo objeto de manipulación cuando ya hay solución de parte del CU para regularizar a más de 700 obreros a partir de enero del 2013. “Lamento que se manejen nóminas paralelas cuyo costo fue asumido por el Ministerio de Educación Universitaria, cuando lo ideal es que enviaran esos recursos a la universidad para proceder a los decretos de rigor y que gocen de estabilidad. El marco legal prohíbe a la universidad recibir personal que no esté debidamente en su estructura y en este caso se me exige que violente la ley y reciba a los eventuales en nuestros espacios de trabajo, cuando la solución está claro que es otra”, dijo.
 
Prensa ULA / Danilof